Jornada "Mujeres criminalizadas: Defensa con perspectiva de género"
Se realizó la Jornada-Conversatorio organizado por la Comisión en Temáticas de Género de la Defensa Pública Penal de Neuquén. La actividad, que se realizó a través de la plataforma Zoom, y contó con más de trescientos inscriptas e inscriptos.
Las tres expositoras coincidieron en la necesidad de una mirada interdisciplinaria para enriquecer el abordaje y la mirada de género sobre el contexto en el que las mujeres llegan a ser imputadas de un delito.
Aquí una síntesis de cada una de sus disertaciones. (VIDEO)
Julieta Di Corleto: Defensora Pública de la Defensoría General de la Nación, está a cargo de la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia, es docente universitaria e investigadora y autora del libro “Malas madres”.
“Este es un momento en el cual se acaba de sancionar la ley de cupo laboral travesti – trans, y esto también nos tiene que hacer pensar respecto de un marco normativo que va cambiando, y que justamente las instituciones del poder judicial debemos ir acompañando, más allá de que muchas veces son tardíos en cuanto a su llegada, y creo que incluso, muchas veces, desde el poder judicial llegamos más tarde”, consideró.
Di Corleto comenzó planteando que “la perspectiva de género no es una moda, un tema ni una ideología, sino que viene de un mandato constitucional que nos obliga a ajustar nuestras leyes bajo estándares de igualdad y no discriminación”.
Planteó la necesidad de incorporar a los espacios en los que se pienses y construyan políticas de género a la defensa civil, donde el universo de mujeres víctimas es mayor.
Reflexionó sobre “la atención de la Defensa Pública Penal a la mujer para garantizar la igualdad: cuando pensamos en las entrevistas, cuáles son los aspectos sobre los que hay que indagar, cómo se desarrollan esas intervenciones, apoyo de quién voy a solicitar para verificar si hay una situación de vulnerabilidad o de violencia”. Por otro lado, se refirió a la elaboración de la estrategia de defensa en cuanto a la prueba. Y subrayó que es importante “no generalizar y creer que toda mujer imputada es víctima de violencia o viene de una historia de vulnerabilidad, de lo contrario estaríamos cristalizando estereotipos”.
“Una mejor defensa con perspectiva de género va a surgir de manera más clara, más genuina cuando la institución incorpora los valores de la mirada de género”, finalizó.
Vanesa Maero Suparo: Licenciada en Psicología, Jefa del Departamento de psicología del Cuerpo de peritos y consultores técnicos de la Defensoría General de la Nación, y Directora del curso “la práctica de la psicología con perspectiva género en el fuero penal” de la Academia de Ciencias Forenses.
Comenzó subrayando el trabajo “con viento en contra” que implica desempeñarse en la Defensa Pública, “navegando en contra de estereotipos y prejuicios”.
En general “las mujeres en conflicto con la ley penal son mujeres con vulnerabilidades, que viven en contextos de violencias”. Añadió que vemos que “las causas en las que la cuestión de género interfiere fuertemente son aquellas que se dan por el homicidio del cónyuge”.
“Entendemos el género como una categoría de análisis, que nos permite profundizar y comprender las conductas, sin desestimar el contexto de donde emergen”, sintetizó.
En cuanto al proceso penal, explicó que “la trayectoria de las mujeres hasta llegar a la infracción penal y el impacto de su detención es totalmente diferente al que hacen los hombres”, y esto merece “una práctica totalmente diferente, que no sólo implique poner el ojo en las respuestas judiciales, sino también mirar hacia adentro de las instituciones y, puntualmente, hacia adentro de la Defensa”.
Maero Suparo explicó detalladamente cómo impacta el encarcelamiento de la mujer madre en la dinámica familiar, fundamentalmente en sus hijos e hijas.
Detalló debe existir un enfoque integral de la vulnerabilidad, y en este sentido apeló al concepto de interseccionalidad (Kimberlé Crenshaw), donde “hay una serie de intersecciones que van sumando capaz de vulnerabilidad, y que provocan una intensificación de la criminalización y a la discriminación: su condición de mujer o disidencias sexuales, su raza, su nivel de pobreza, si es inmigrante, el estado civil, el estado maternal, la salud, etcétera”. En este marco enfatizó que la investigación penal tiene que integrar desde su inicio la perspectiva de género, visibilizando la interacción de estos factores. “El encierro, lejos de presentarse como una resolución penal a un delito, se constituye como una capa más de vulnerabilidad, y para sus hijos, en caso de las madres”. El encierro carcelario “amplifica y de alguna manera potencia desigualdades que existen en la sociedad, a veces profundizando las historias de violencia que muchas mujeres ya experimentaron, y muchas otras habilitando un espacio que genera otras violencias de las cuales el estado claramente es responsable”, concluyó.
Jimena Monsalve: Jueza nacional de ejecución penal en la ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de ejecución penal, Secretaria de la Asociación Argentina de Justicia terapéutica y Coordinadora de la Comisión de ejecución penal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, integra la Asociación Argentina de Mujeres juezas, y se desempeña como docente de grado y posgrado en diferentes casas de estudio.
Comenzó su exposición destacando que “transitamos una época en el cual el discurso es bastante agresivo frente a las personas que han cometido un delito; hemos tenido una regresión desde el punto de vista normativo, regresión que no se ha basado en evidencia empírica o científica, simplemente hemos tenido una sucesión de reformas muy perjudiciales, que tiene que ver fundamentalmente con elevar la punición, y a esto debemos sumar que tenemos leyes antiguas que carecen de perspectivas de género”.
Monsalve indicó que el problema de vulneración de las mujeres va a persistir “mientras la mirada siga centrándose en la sanción o en la retribución y no en el problema que se genera en la comunidad, y cómo la comunidad tiene que funcionar en relación a este tipo de situaciones”, y en este sentido añadió: “es necesario pensar qué estrategias se tendrían que desplegar para que la modificación institucional que se tiene que desarrollar sea un poco más efectiva”.
Subrayó que a nivel nacional no existen registros oficiales que detallen qué tipos de delitos cometieron las mujeres que se encuentran encarceladas, “tenemos que apelar a datos de organizaciones, y así es muy difícil diseñar políticas públicas claras al respecto”.
En cuanto al sistema de medidas alternativas destacó “la mayoría de las personas que llegan a la prisión antes han agotado o una suspensión de juicio a prueba o una condenación condicional; no así lo vemos tan claro en el caso de las mujeres, porque sabemos que la ley 23737 vigente, vieja, sin ningún tipo de perspectiva de género, establece mínimos altos que e impiden muchas veces que en esos casos se haya aplicado una medida alternativa previa, por lo cual en el caso de las mujeres muchas veces vamos a advertir que no fueron justamente no hicieron este camino alternativo previo que si lo vemos en su mayoría en el caso de los varones.”
Por otro lado, consideró que “es muy difícil a veces que las mujeres criminalizadas puedan resignificar que ciertas circunstancias que atraviesan son situaciones de violencia: la naturalización de la violencia no es algo sencillo de abordar, de precisar, ni de trabajar, sólo se puede avanzar cuando hay una verdadera intervención interdisciplinaria, que además tiene que ser complementaria e integrar la decisión judicial para dotarla de mayor calidad”.