Ordenan que se garantice el derecho a la educación y que se actualicen informes para salidas anticipadas
Fue en una audiencia de habeas corpus correctivo y colectivo solicitada por el Equipo Operativo de Ejecución del MPD en la I circunscripción, en representación de todos los internos alojados en las unidades 11, 12 y 16.
La Defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, expuso que los internos están denunciando que, por los retrasos en los informes criminológicos (por parte del Gabinete técnico criminológico de la Dirección de población judicializada), se les está vedando la posibilidad de acceder a libertades asistidas y condicionales. Además, en el habeas corpus, se cuestionó la falta de actualización de estos informes (sobre la base de visitas y entrevistas periódicas a los internos).
Por otro lado se abordó el tema educativo: Los internos -a través de la Defensa Pública- criticaron "la escases de cursos de capacitación laboral reales y concretos para poder aspirar a una mejor reinserción social. En definitiva -sintetizó Petraglia- denuncian una vulneración de derechos en el plano de la progresividad del régimen penitenciario, relacionada con el retraso en los informes criminológico y el seguimiento de la ejecución de la pena, y también en el acceso a la educación".
Para fundar la petición, y para corroborar que la vulneración de derechos a las personas privadas de la libertad se encuentra acreditada , el Equipo Operativo de Ejecución del MPD presentó dos informes: uno surgido de una encuesta realizada a internos de las unidades de la I circunscripción (sobre condiciones de alojamiento) y un monitoreo a todas las unidades de detención "para dar cuenta de la falta de espacios para educación".
En esta audiencia declararon el subsecretario de seguridad, Lucas Gómez, la directora de población judicializada, Natalia Vallejos, el director de educación en contexto de privación de libertad, Adrián Ciancio, y el director y subdirector de la dirección de unidades de detención, comisarios Caro y Fonseca.
Retraso que impacta en la progresividad de la pena:
De las declaraciones de los funcionarios y funcionaria responsables, y de las pruebas aportadas por la Defensa Pública se pudo determinar que -por falta de cobertura de cargos técnico/profesionales- son 64 los informes atrasados por parte de Población judicializada, lo que impacta en la posibilidad de que 42 personas puedan acceder a libertad asistida o libertad condicional. Además se evidenció la necesidad de que al comienzo de la ejecución de la pena se diagrame -para cada interno/a- un "tratamiento" con pautas y objetivos claramente establecidos para que los informes que se realicen periódicamente determinen el cumplimiento o no de esos parámetros, tal como establece la ley de ejecución (24660). En la actualidad esto no está sucediendo, y es otro de los puntos planteado en el habeas corpus.
"Lo que se visibiliza en esta audiencia es que no hay planificación, que los informes no se entregan en tiempo, el equipo de tratamiento penitenciario está cubriendo un tercio de la población carcelaria, el Consejo de evaluación da tarde las calificaciones, y las repiten en tres trimestres sin fundamentos; las personas privadas de la libertad no saben qué tienen que hacer o qué no porque no se les plantean objetivos", resumió Petraglia.
Educación:
"Del relevamiento realizado por la Defensa Pública y del diagnóstico que hizo Ciancio en esta audiencia se tiene por acreditado que existe una vulneración del acceso a la educación en todos los niveles de las personas privadas de la libertad en la I circunscripción", puntualizó Petraglia. Recordó que tanto las Reglas de Mandela como los Pactos internacionales hablan de educación permanente y de calidad para las personas privadas de la libertad, en igualdad de condiciones. "Luego de escuchar las declaraciones en esta audiencia, es imposible determinar qué personas, cuántas horas, cuántos días a la semana, qué niveles o en qué espacios toman qué clases", graficó la funcionaria del MPD. Añadió: "La misma situación de caos que en la progresividad del régimen se registra en educación: se evidencia una falta de espacios, falta de planificación, y absoluta carencia de definiciones en términos de cuándo, quién y dónde".
La titular del Equipo Operativo de Ejecución concluyó que "la problemática es la falta absoluta de planificación y la devaluación de los derechos de las personas privadas de la libertad"
La jueza Gass hizo lugar al habeas corpus del MPD:
Ordenó que en 60 días la Dirección de población judicializada se ponga al día con todos los informes de libertad condicional y de libertad asistida; que en 60 días estén cubiertos los cargos profesionales (que ya se concursaron); que las personas que ingresen de ahora en más al sistema penitenciario sean entrevistadas y se le pongan objetivos; y que se presente una planificación de recursos para hacer frente al crecimiento de población carcelaria.
En materia educativa ordenó que, en un plazo de 30 días, el CPE presente planos de necesidades de espacios educativos a Seguridad para que apruebe planos. Y exhortó a las carteras de Educación y Seguridad a que se realice una planificación adecuada para que se pueda garantizar el acceso a la educación.