Cancela reiteró el rechazo al proyecto de reforma del CPP
El Defensor General, Ricardo Cancela, ratificó la posición institucional del Ministerio Público de la Defensa respecto del proyecto de reforma del Código procesal penal elaborado por la secretaría penal del TSJ. Fue en el marco del Acuerdo N° 5443.
En el Punto 9 del Acuerdo -referido a la reforma del CPP- quedó reflejada la oposición del Defensor General: "...expresa que se opone, teniendo en cuenta que el legislador, al dictar la ley 2784, para adoptar el sistema acusatorio en materia procesal, lo hizo con la necesidad de adecuar nuestro sistema procesal a la normativa nacional y supranacional. Entiende que si se hiciera lugar y prosperara esta reforma procesal sería un retroceso a la historia procesal de esta Provincia, toda vez que para cumple con los estándares mínimos que exige la normativa internacional. Se refiere a dictámenes de la Comisión Interamericana de derechos Humanos y Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, se presentan para que se dicte una medida tan extrema y gravosa como la prisión preventiva criterios sustancialistas y no procesales -esto es peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación-, se hacen valoraciones ajenas a lo que significan los peligros procesales, se restringen recursos de la Defensa, se limita el plazo razonable, el cual se lo confunde y compara con el doble conforme, que no tiene absolutamente nada que ver. En definitiva, está convencido que con este reforma se viola el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de libertad durante el proceso y el principio de inocencia".
Luego, en declaraciones públicas, Cancela subrayó que "sin lugar a dudas esta modificación que se pretende llevar a cabo implica un retorno al sistema procesal anterior, y un retroceso en materia de garantías". Y agregó: "es manifiestamente inconstitucional: violenta las convenciones de Derechos Humanos, que Argentina suscribió y que tienen jerarquía constitucional, pero además desoye los fallos de la Corte interamericana de Derechos Humanos, que, debo recordarlo, son vinculantes para nuestro país".
Recordó que cuando se aprobó el actual código "todos coincidían en que se trataba de una norma procesal de avanzada a nivel latinoamericano; al unísono las voces de legisladores, especialistas, abogados y magistrados se pronunciaban a favor de esta ley, que se ajustaba a las mandas convencionales y constitucionales, que iba a redundar en un servicio de justicia más rápido y eficiente, a partir del establecimiento claro y taxativos de plazos fatales...hoy esas voces brillan por su ausencia".
El documento completo con la respuesta institucional del MPD se puede ver en este link.