Cambiar las reglas

Otro aporte al debate sobre la reforma del Código procesal penal neuquino.

Por Fernando Diez, Defensor Público de Circunscripción. (*)

La Legislatura de Neuquén acaba de recibir el proyecto de reforma del Código procesal penal elevado por el Tribunal Superior de Justicia. Una iniciativa para reformar una ley que, como las demás, es perfectible, mejorable, adaptable a la nueva realidad. Por eso comenzamos preguntándonos,¿cambió algo en la realidad neuquina en estos últimos dos años?

Ahora bien, todos podemos tener ideas para mejorar el código procesal, pero ¿cómo pasamos de una ley con años de amplia discusión y  consenso, elogiada como una ley procesal "modelo a nivel latinoamericano", que nos permitiría a los neuquinos contar con un sistema de enjuiciamiento rápido, transparente, y respetuoso de las garantías de las partes, a una reforma sustancial de la misma en tan corto tiempo?.

Algo que favoreció este nuevo proceso es una mayor transparencia de las decisiones y el papel de los actores en el proceso, se visibilizó su actuación y las consecuencias de las mismas, más, un aspecto sigue aún en un cono de penumbras, es la política de persecución penal del ministerio público. Los neuquinos no sabemos cuántas causas,  de qué importancia y cómo se procesan, ello con números fidedignos y contrastables.

Hoy, una parte importante de la política criminal local descansa en los hombros de este ministerio y no hay claridad sobre cuántas causas se median y con qué resultados, cuándo se aplican criterios de oportunidad o cuáles son los criterios de priorización en la tramitación de causas de manera tal que la impunidad no sea una consecuencia de políticas equivocadas.-

Sin estudios cuanti y cualitativos de estas variables, no podemos aplicar una política criminal integral de corto, mediano y largo plazo que dé respuestas ciertas a los justos reclamos de seguridad y justicia. Sólo tendremos propuestas coyunturales y parciales que se enrolan en las políticas de “mano dura” cuyo fracaso, paradójicamente,convoca a más “mano dura” sobre los sectores excluidos de educación, salud y trabajo sobre los que recae, casi con exclusividad, el poder penal. El proyecto enviado a la legislatura se inscribe en esta corriente de pensamiento.

En el tratamiento de la prisión preventiva es donde más claramente puede observarse, pues a falta de eficacia se recortan los derechos y garantías de los imputados, que son la variable de ajuste cuando la respuesta institucional es débil y más tributaria de las urgencias políticas que de estrategias serias. Por eso no es casual que  también el Poder Ejecutivo mande un proyecto en similar sentido que el TSJ.

Como dijeran los procesalistas Duce y Riego “…la posibilidad de ampliar la coerción procesal implica siempre la forma más rápida y menos exigente de extender la respuesta punitiva, sobre la base de lo que podemos calificar como un fraude de etiquetas, esto es: apliquemos más penas de manera más rápida y menos exigente, pero con otro nombre.”

En este contexto no podemos decir que la mera reforma de un código procesal, que contiene valiosas instituciones que respetan la Constitución y las Convenciones internacionales, va a aportar una solución, pero eso es más fácil que reconocer las deficiencias de los actores o la falta de políticas públicas integrales y democráticas de seguridad y justicia.

Podemos pasarnos propiciando reformas de coyuntura y dejar el cuerpo del código procesal como un Frankenstein o esperar que decanten las experiencias y se hagan estudios verificables e integrales para hacerlo. Esos estudios no pueden limitarse a las normas sino al conjunto de políticas que hacen a seguridad y justicia.

Se pretende hacerle creer a los habitantes de nuestra provincia que, ahora sí, modificando el Código se va a dar respuesta a los problemas del delito. Que si cambiamos las reglas -una vez más-, los encargados de perseguir el delito van a tener las “herramientas”  necesarias para dar mayor seguridad los neuquinos.

Entonces, buscamos ampliar los plazos que antes daban celeridad; reducimos recursos que antes daban seguridad jurídica; suprimimos audiencias que antes daban inmediatez y transparencia; limitamos prueba que antes favorecía a la contradicción; y así, sin darnos cuenta, cambiamos el proceso, cambiando las reglas de juego.

Cambiar las reglas en función de la inoperancia de la persecución penal y de la falta de políticas públicas adecuadas solo nos llevará a una mayor irracionalidad del sistema penal, y a aumentar los niveles de violencia en la sociedad, no a mayor justicia.

(*) Artículo publicado en el diario Río Negro.