Cavallaro: “En el mundo el endurecimiento de la prisión preventiva no ha solucionado el problema de la criminalidad, al contrario lo ha empeorado” 

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, expuso hoy en el marco de las V Jornadas de la Defensa Pública que se desarrollan en Santa Fé.

“Se ve en el continente una cierta tendencia, por la legítima preocupación que tienen los ciudadanos por la seguridad, a intensificar el uso de normas cuya legalidad es por lo menos cuestionable, como reducir las bases alternativas a la prisión preventiva, como es el caso de determinar en cierto tipo de delito que no corresponda ninguna medida alternativa a la prisión preventiva: esta tendencia es violatoria de la Convención y por lo tanto nos preocupa“, aseguró Cavallaro.

En el acto de inicio participaron, entre otros la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez, el Defensor General de Neuquén, Ricardo Cancela, y sus pares de Santa Fé, Gabriel Ganón, y de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, quien además coordina el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Además estuvieron: Fernando Lodeiro, por la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina; Gustavo Kollmann, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; y el decano de la Facultad Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, Javier Francisco Aga, la Defensora General del Chaco, Alicia Alcalá, y de Mercedes (provincia de Buenos Aires), Mariano Bertelotti.

Luego de su disertación, en una rueda de prensa, Cavallaro dijo que “la CIDH considera que la seguridad también es un derecho humano, pero responder, en forma rápida y sin analisis, con una línea de endurecimiento y sin encarar las causas, en el continente y en el mundo no ha resuelto el tema. Es más, ha provocado problemas aún más graves: en aquellos paises donde han endurecido los presupuestos para el dictado de la prisión preventiva ha generado un hacinamiento de las cárceles y las ha convertido en universidades del delito, y no solucionó el problema que supuestamente solucionaría”.

Agregó que “el derecho interamericano es claro en cuanto a que la prisión preventiva se debe aplicar en forma excepcional, porque una persona que no ha sido condenada, es una persona inocente y no tiene porqué estar en la carcel, a no ser por una base muy limitada y necesaria, como por ejemplo la fuga o el entorpecimiento del proceso”, y enfatizó: “Argentina es parte de la comunidad del derecho interamericano y tiene que cumplir la ley”.

El jurista internacional, que además se desempeña como profesor de Derecho en la Universidad de Stanford, aseguró que “todos los datos que tenemos demuetran que cuando las normas y reglas son respetuosas de los derechos humanos se consiguen resultados más eficaces en materia de seguridad pública”.

“Muchas veces –continuó- cuando acontece un crimen de alta repercusión pública la reacción de algunas autoridades es la de tomar alguna medida visible, inmediata, por ejemplo: no va a haber alternativa a la prisión preventiva, aumento de las penas, y lo que sabemos desde la CIDH en materia jurídica es que las políticas más eficaces en materia de criminalidad son aquellas que buscan atacar las causas, responder a los problemas sociales, crear condiciones penales decentes para que los complejos penitenciarios sirvan de lugar de rehabilitación, y no colocar a personas ahí adentro sin tener probado que van a obstaculizar un proceso penal”.