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Defensoría General

Defensores Generales cuestionaron el proyecto de responsabilidad penal juvenil

El Defensor General, Ricardo Cancela, participó en Buenos Aires de una reunión en el Ministerio de Justicia en la que expresó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad y a la aplicación de la prisión preventiva, en el marco del proyecto de responsabilidad penal juvenil elevado por el Ejecutivo Nacional. 

Durante el encuentro Cancela enfatizó que "si un niño comete un delito es porque el Estado estuvo ausente, entonces antes de plantear una respuesta represiva lo que debemos debatir es qué políticas públicas no estamos instrumentado para darle las herramientas a ese niño para que su horizonte sea más amplio".

El titular del Ministerio Público de la Defensa del Neuquén expresó que "tampoco desde el punto de vista estadístico se podría sostener una baja de la edad de imputabilidad, ya que la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos es ínfima"; y criticó que "se planteen debates mirando sólo la provincia de Buenos Aires".

Por último subrayó que "pocos mencionan que si este proyecto prospera se van a dictar prisiones preventivas a los adolescentes, lo que contraría todas las mandas convencionales y el sistema interamericano de derechos y garantías".

Además del Defensor General de Neuquén, estuvieron presentes en la reunión sus pares de Río Negro, Chubut, Salta, Jujuy, Chaco y Mendoza.

En la víspera del encuentro con las autoridad de la cartera de Justicia, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina -del que Cancela es miembro- elaboró un documento en el que se señala la existencia de “una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal de niñas, niños y adolescentes y el reconocimiento pleno de los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados".

Se desataca, además, diversas cuestiones que se deberían tomar en cuenta como la “concepción del sistema penal como ultima ratio para tratar, aun desde el punto de vista legislativo, los problemas y conflictos; la existencia de un problema social; la eficacia de la herramienta de política pública; y la conceptualización en clave jurídico/legal de la cuestión etaria en el sistema penal juvenil”.

 

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