Jornada sobre el proyecto de régimen penal juvenil
Participaron funcionarios del MPD y fue destinada a docentes neuquinos. Algunas de las frases que quedaron resonando: "Con la baja de la edad de punibilidad el Estado busca eludir sus responsabilidades", "existen más argumentos para subirla a 18 que para bajarla a 15", "en Neuquén significaría una violación a la ley 2302".
En el día de ayer se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada docentes de distintas localidades de la provincia del Neuquén sobre la reforma del régimen penal juvenil y la baja de la edad de punibilidad, la cual estuvo a cargo de la defensora de los Derechos del Niño y Adolescente N° 3, Marcela Robeda, el defensor penal del Niño y Adolescente, Raúl López, la defensora penal adjunta, Mariela Borgia, y el fiscal de delitos juveniles, Germán Martín.
La actividad tuvo lugar en el SUM del CPEM N° 48, del barrio Mudon, y estuvo organizada por la Red interinstitucional "La Esperanza" y el gremio de docentes Aten.
La exposición de López y Borgia se denominó "el conflicto penal adolescente; una mirada distinta al proyecto nacional - ley 2302". Allí López expresó que "el proyecto de régimen penal juvenil presentado en el Congreso no tiene en cuenta las autonomías provinciales, y en el caso de Neuquén significaría una violación a la ley 2302". Por otro lado subrayó que nuestra provincia se destaca en el concierto nacional por tener un fuero especializado para abordar la temática penal adolescente, "aunque funciona sólo en la I Circunscripción judicial, en el resto los mismos jueces, defensores y fiscales de adultos resuelven las cuestiones que tienen involucrados a jóvenes".
Por su parte Borgia agregó que esta especialización, en la que se pretende avanzar con el proyecto nacional, surge "del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño", aunque enfatizó que hay varios aspectos que significarían un retroceso. En esta línea dijo que "no hay argumentos válidos para sostener la baja de la edad de punibilidad, más bien todo lo contrario: existen razones para subirla a 18 como ocurre en varios países, como por ejemplo Bélgica".
Además consideró que tampoco se explica el proyecto como una respuesta que dé mayor seguridad, por un lado porque la incidencia de esa franja etaria en la comisión del total de delitos es ínfima, y además porque "existen soluciones más pacíficas, restaurativas y reparadoras, tanto para el adolescente como para la víctima".
A su turno la defensora Marcela Robeda explicó cuáles son las funciones y facultades que tienen la Defensorías del Niño y Adolescente en materia de protección de derechos frente a los distintos factores sociales que los vulneran.
"Nuestro proyecto institucional no puede estandarizar prácticas, porque cada caso es particular, y así debe ser abordado", indicó. Y en este sentido consideró central el trabajo descentralizado con la comunidad: escuelas, centros de salud, organizaciones sociales y las redes que se han ido tejiendo entre ellos.
Sobre el tema del régimen penal juvenil, Robeda subrayó que "existen otras medidas que no son el encierro, pero el Estado debe estar presente", de lo contrario avanzan proyectos como este que "pretenden dar una solución facilista a un tema muy complejo y dar una falsa imagen de seguridad". Con la baja de la edad de punibilidad "el Estado busca desresponsabilizarse de sus responsabilidades", aseguró.
A su turno el fiscal Germán Martín disertó sobre las "falacias mayores en temas no menores", y realizó un repaso histórico del proyecto que presentó el gobierno en el Congreso.