10 años de la ley nacional de Salud Mental

Al cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de ley 26657, desde el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental se aprobó un documento con su posicionamiento respecto del estado de implementación de la norma.

El informe, aprobado a través de la Resolución N°2/20, subraya que la aprobación de la ley "marcó un hito en el camino de desandar el paradigma basado en el abandono y la segregación de las personas usuarias de los servicios de salud mental, y en la sustitución de su voluntad", y agrega que "de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, estableció la obligación estatal de sustituir las instituciones monovalentes públicas y privadas por una red de servicios comunitarios y  a atención en hospitales generales". Además estableció "las bases para esa transformación y la arquitectura institucional generada en consecuencia (instituciones, dispositivos, resoluciones, prácticas) consolidó un proceso del cual hoy ya no es posible retroceder", puntualiza el documento.

No obstante ello, desde el Órgano de Revisión se manifiesta la preocupación por el "vencimiento del plazo comprometido por nuestro país (2020), y que a pesar de los avances y cambios sustantivos (...), la transformación global del sistema de salud mental hacia un sistema comunitario, con mayor descentralización territorial y con un presupuesto acorde a la pauta del 10% prevista en la ley, que permita la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes siga siendo una deuda pendiente".

Por otro lado advierte que "el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (2019) arrojó que todavía hay en Argentina 12.035 personas internadas en 162 instituciones públicas y privadas monovalentes de salud mental que permanecen internadas un promedio de 8,2 años". Esto demuestra que "las internaciones prolongadas en instituciones monovalentes continúan siendo la principal política para responder, de modo insuficiente, a las necesidades de salud pública de la población y ratifican la inmediata necesidad de diseñar e implementar acciones intersectoriales e interseccionales que garanticen los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, muy especialmente el derecho a vivir en la comunidad".