Baja de la edad de imputabilidad: "Es una medida contraproducente"

Las y los miembros del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de República Argentina -que integra la Defensora General de Neuquén, Vanina Merlo-enviaron una nota al Ministro de Justicia de la Nación para dar a conocer el posicionamiento respecto del proyecto de baja de la edad de punibilidad presentado por el Poder Ejecutivo.

Entre las observaciones planteadas, se expresa que el proyecto "propone reducir la edad mínima de responsabilidad penal a 13 años basándose en criterios securitarios que carecen de evidencia empírica de eficacia". Añaden: "Esta medida contraviene la recomendación del Comité de los Derechos del Niño al Estado Argentino de no reducir la edad de punibilidad ni adoptar medidas regresivas y no se alinea con el principio de interés superior del niño". Las y los Defensores Generales firmantes señalaron que "si bien los instrumentos internacionales no fijan una edad mínima específica, establecen principios que indican que la edad mínima debe tender a elevarse".

En cuanto a la justificación empírica del proyecto, las y los representes de la Defensa Pública subrayaron que "la información utilizada para justificar la baja corresponde a un recorte sesgado, ya que se toman los datos desde 2020, año marcado por la pandemia, e incluso proporcionados por la Justicia Nacional, sin relevar la información de las distintas jurisdicciones locales de las provincias".

Además cuestionaron que la iniciativa prevé que "la privación de libertad se establece como la norma general aplicable a la totalidad de los delitos, lo cual contraviene los principios de excepcionalidad y última ratio establecidos en la normativa internacional". Recordaron que el Comité de los Derechos del Niño subrayó reiteradamente la necesidad de que la privación de libertad sea una medida de último recurso y por el periodo más breve posible. "El proyecto en cuestión parece ignorar estas directrices", destacaron.

El documento (en su punto 9) detalla algunos datos estadísticos relevantes:

• Según el Informe Anual de UNICEF de 202211, aproximadamente el 70% de los adolescentes privados de libertad en Argentina no han recibido una sentencia definitiva. Este dato refleja una demora judicial preocupante que vulnera derechos fundamentales de los NNyA.

• Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA)12 en 2021 reveló que el 54% de los NNyA detenidos provienen de hogares con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica, lo que evidencia una tendencia a la criminalización de la pobreza.

• Investigaciones del Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)13 muestran que la tasa de reincidencia de NNyA que cumplen penas privativas de libertad es del 65%, mientras que aquellos que participan en programas de medidas alternativas tienen una tasa de reincidencia significativamente menor, del 30%.

• Este Consejo Federal realizó un relevamiento informal a partir de los registros interno de las Defensorías provinciales, de donde surge que los delitos graves cometidos por personas menores de edad (16 y 17 años) a lo largo del año 2023, son un porcentaje mínimo comparado con los cometidos por mayores de 18 años en las diferentes regiones del país.

Por otro lado el documento pone en relieve la "falta de previsión presupuestaria" del proyecto: "La iniciativa requiere una expansión de la infraestructura en diversos niveles de la administración estatal (...), la creación, adaptación y ampliación de equipos de trabajo, el desarrollo de programas y la creación de espacios de detención adecuados (que) demandan erogaciones que deben estar garantizadas para cumplir, aunque mínimamente, con los estándares constitucionales y convencionales". Concluyen que "existe un riesgo evidente de que, en ausencia de los recursos necesarios, el único resultado tangible del proyecto sea la reducción de la edad de responsabilidad juvenil, sin implementar las medidas de apoyo y protección integral que requieren los NNyA".

Criticaron por un lado la falta consultas, opiniones y observaciones a los sistemas de justicia provinciales y de los organismos de protección de las infancias ("quienes son los encargados de aplicar la normativa a nivel local"; y por otro, el "exiguo plazo" de 180 días para su implementación, lo cual puede "tornar ilusorio" que se haga adecuadamente.

Finalmente, el Consejo Federal considera que reducir la edad de imputabilidad a 13 años es una medida contraproducente que no aborda las causas subyacentes de la delincuencia juvenil y, en todo caso, las perjudica en mayor medida. Es esencial adoptar un enfoque integral que combine la protección de los derechos de los menores con la implementación de políticas efectivas de prevención y rehabilitación".