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Penal

Comisarías: Presentaron informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad

Defensores y Defensoras Públicas presentaron hoy a las autoridades del Ministerio de Seguridad el Informe Anual 2024 del Grupo de Control del Encierro Preventivo del Ministerio Público de la Defensa.

En este documento (de carácter preliminar) se vuelcan datos correspondientes al sistema de detención provisional de la Primera Circunscripción Judicial, con el objetivo de poner de resalto la extrema situación que atraviesan las personas privadas de la libertad. Próximamente será presentado públicamente un informe que abarca la totalidad del territorio provincial.

"Si bien la realidad descripta responde a una problemática que se generaliza en toda la provincia, se ha escogido brindar primeramente la presente información, por tratarse de la zona en que se ubican los centros de detención que atraviesan las mayores afectaciones a los derechos de la población en cautiverio", .

Las y los defensores públicos señalaron que respecto de 2023 "no sólo se han agravado las deficientes condiciones de habitabilidad, sino también el hacinamiento ha llegado a niveles inadmisibles".

El análisis se complementa con información relativa a los aspectos edilicios de dichos centros de detención y cupo de detenidos estimado en cada caso por la Policía provincial (Dirección de Unidades de Detención y División Coordinación Detenidos Procesados).

Los guarismos correspondientes a personas detenidas y condenadas, alojadas en cada comisaría, corresponden al día 23 de Diciembre del corriente año. El informe presentado a las autoridades de Seguridad refleja la cantidad de personas privadas de la libertad en cada comisaría y la evolución del estado de ocupación de cada una de ellas durante todo el año 2024. "Estos datos permiten visualizar el progresivo hacinamiento y el promedio de metros cuadrados destinado en realidad a cada persona, muy por debajo de los mínimos legalmente establecidos", subrayaron.

Las y los funcionarios del MPD manifestaron que de este análisis cuantitativo y cualitativo de las condiciones de detención "surge evidente que se ha reducido a esta población a condiciones inhumanas, inadmisibles en un Estado Constitucional de Derecho y en consideración a los estándares internacionales que rigen en la materia".

En esta línea, destacaron que no sólo las actuales comisarías "no resultan aptas para un trato humanitario y adecuado a tales estándares", sino también que la sobrepoblación supera el 100 % de la capacidad estimada por la Policía Provincial: La Jefatura de Policía estima para la I Circunscripción Judicial un cupo teórico de 72 plazas ("aún fuera de los estándares mínimos"), cuando en la actualidad el nivel de ocupación alcanza las 143 personas (83 condenados, 59 detenidos en prisión preventiva y un arrestado a disposición del Juzgado de Familia).

En su informe, las y los Defensores separaron las comisarías en dos grupos: Aquellas destinadas a alojar detenidos en forma permanente y que cuentan con “alcaidía”, espacio que comprende, además de las celdas (con capacidad para

dos o hasta tres detenidos), un comedor común y un patio interno abierto; y aquellas que no podrían alojar detenidos en forma permanente (al no poseer “alcaidía”): Estas unidades únicamente estaban habilitadas por la Jefatura de Policía para alojar contraventores, por espacio de pocas horas. Sin embargo -advirtieron-, dada la sobrepoblación registrada durante el 2023 en las comisarías del primer grupo y la Unidad de Detención N° 11, fueron “habilitadas” varias comisarías para el alojamiento permanente de detenidos, sin haberse efectuado mejoras de ningún tipo en sus infraestructuras, ni creado nuevos espacios de detención que cumplan requisitos mínimos.

Por último, resaltaron que "la evolución de la situación del encierro provisional hace prever que esta tendencia continúe hacia la paulatina “habilitación” de otras comisarías que no reúnen los más elementales requisitos de habitabilidad, aún muy alejados de los establecidos en los instrumentos internacionales y nacionales" referidos a las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad.

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