El MPD presentó un habeas corpus por la situación en comisarías de la I circunscripción judicial

El índice de sobrepoblación en comisarías asciende al 358%. La audiencia fue fijada para el miércoles 5 de febrero a las 13 horas. Pidieron que se convoque al Ministro de Seguridad, que se fije un cupo máximo y que se informe cómo se ejecutó el presupuesto de la ley de emergencia carcelaria.

La Defensora de Ejecución Luciana Petraglia y los Defensores Públicos (de Circunscripción) Raúl Caferra y José Maitini presentaron acción de habeas corpus correctivo y colectivo a favor de la totalidad de los detenidos alojados las Comisarías de la I Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Neuquén. La medida judicial obedece "no sólo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, sino que directamente constituyen elementos y circunstancias que ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los internos", según expresaron los funcionarios del MPD. Agregaron que su función hace "obligatorio" requerir medidas tendientes a hacer cesar estas circunstancias.

El dato relevado indica que las comisarías de la I circunscripción tienen cupo -oficial-para 71 personas. Actualmente se encuentran alojadas en distintas condiciones procesales 147 personas.  A esto se agrega que el cupo establecido por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, en base a los estándares internacionales, no debería haber más de 41 personas. El porcentaje de sobrepoblación asciende al 358%, determinándose la situación como "sobrepoblación crítica o hacinamiento". Incluso comparando cantidad de detenidos con cupo el oficial, este índice sería del 207%.

La Defensora y los Defensores puntualizaron que "desde 2014 (cuando comienza a regir el sistema acusatorio) se evidencia un aumento significativo de la población carcelaria: concretamente 114% hasta septiembre de 2024 (entre condenados y cautelados)". Y añadieron: "Detrás de estos números, que dan cuenta del aumento interanual del 11,4% de la población carcelaria neuquina (incluidos los detenidos preventivos), es importante mencionar el impacto en la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad, que fueron denunciados por esta Defensa Pública, en las diversas acciones de habeas corpus que llevamos a cabo".

Por otro lado, expresaron que transcurrido un año desde la sanción de la emergencia carcelaria y dos años desde la resolución en el habeas corpus colectivo -que fijó un cupo para las cárceles de la I circunscripción-, "las Comisarías de Neuquén vieron incrementado progresiva y considerablemente el ingreso de personas privadas de su libertad, condenadas y en prisión preventiva, que debieron cohabitar sin distinción alguna de su situación procesal y se generó una situación de hacinamiento y deplorables condiciones de habitabilidad, que fundan esta presentación de habeas corpus".

El informe confeccionado en 2024 por el Grupo de Control de Encierro Preventivo del MPD refleja la situación de agravamiento de las condiciones de detención en Comisarías, que tiene "un vector de análisis cuantitativo (el hacinamiento) y otro cualitativo (deplorables condiciones de alojamiento y otras vulneraciones a derechos fundamentales de las personas privadas de libertad)", explicaron.

Indicaron además que "como respuesta al aumento de la población carcelaria en Comisarías se fueron habilitando de facto comisarías que fueron diseñadas para alojar detenidos contraventores por escasas horas (48 o 72 horas), y se superó el cupo oficial en otras que sí poseen sector de alcaidía para el alojamiento de personas con medidas cautelares".

En ese sentido, las condiciones en las que se encuentran las comisarías de Neuquén, "no respetan los parámetros mínimos de habitabilidad digna", continuaron. Y agregaron que "la sobrepoblación abrumadora es una constante en todas las dependencias policiales, los internos se encuentran en lugares no preparados para alojar personas, a la vez que los condenados comparten espacio con procesados que se encuentran con prisión preventiva".

Por otro lado subrayaron que "al encontrarse los condenados en lugares destinados a personas privadas de libertad que aún están transitando el proceso, los mismos se encuentran impedidos de acceder no sólo al régimen penitenciario que mejor se adapte a la etapa de la pena que se encuentren transitando, sino también a recibir el tratamiento adecuado tendiente a lograr su efectiva resocialización".

Petraglia, Caferra y Maitini pidieron que se fije un cupo máximo, teniendo como parámetro el número relevado por el Comité contra la Tortura: un total de 41 personas. Y que se ordene al Poder Ejecutivo Provincial que adopte las medidas necesarias para que la población carcelaria alojada en comisarías no supere dicho cupo. Y que en el plazo perentorio de 15 días hábiles se elabore un plan de acción adecuado a tales fines.

Además solicitaron que se requiera al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Neuquén que remita un detallado informe respecto de cómo se está ejecutando el presupuesto de la Emergencia Carcelaria -aprobada por la Legislatura en marzo de 2024-. Plantearon que si existen discrepancias sobre el diagnóstico presentado por el MPD se realicen inspecciones en todas las comisarías de la I circunscripción.