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Las detenciones en las comisarías de la I circunscripción representan un "trato cruel, inhumano y degradante", dijo el juez

El juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar al habeas corpus colectivo interpuesto por la Defensa Pública. Luego de la primera parte de la audiencia de hoy, en la que las partes alegaron, el juez dio su veredicto.

Declaró que las condiciones de encierro que sufren las personas privadas de libertad en comisarías de la primera circunscripción judicial "afectan la dignidad, la salud, y el derecho a la educación y al trabajo de los detenidos y constituyen un trato cruel inhumano y degradante".

Prohibió que ingresen nuevos condenados a las comisarías de la capital. La medida rige a partir del 4 de marzo próximo (tanto de personas que estuvieron en libertad durante el proceso y fueron condenadas, así como a los condenados que actualmente cumplen pena en unidades carcelarias). Y le dio plazo hasta el 6 de septiembre para que reubique a todos los condenados. 

Que no se trasladen condenados a las comisarías que no tienen cupo y que actualmente no tienen personas alojadas: las comisarías 4, 10, 13, 20, 21 y 52.

El magistrado subrayó que la administración provincial hizo una "subejecución de los 50 millones de dólares que tiene autorizados a invertir por la ley de emergencia carcelaria, de los cuales invirtió 2 millones". 

Estableció la realización de audiencias de control -bimestrales- a las que deberá concurrir el ministro de Seguridad para informar sobre los avances de los trabajos. 

Piden que se declare la ilegitimidad legal y constitucional de las detenciones en comisarías de la I circunscripción

Lo hicieron la Defensora Luciana Petraglia y los Defensores Raúl Caferra (de Circunscripción) y José Maitini durante los alegatos de cierre de la audiencia de habeas corpus en favor de todas las personas que se encuentran alojadas privadas de libertad en comisarías de la I circunscripción. Además solicitaron al juez Juan Manuel Kees que se fije un “cupo legal”, respetando los parámetros internacionales recogidos por el Comité Nacional contra la Tortura. Pidieron también que se ordene al Ministerio de Seguridad la confección de un “plan de remediación concreto”, que atienda y dé respuestas a las condiciones “degradantes e inhumanas” -relevadas en el informe presentado por el MPD- que padecen las personas alojadas en estas comisarías. Como cuarto punto –y vinculado al punto anterior- exigieron se dispongan medidas de prevención de incendios que –señalaron- “hoy son prácticamente inexistentes, salvo por un par de matafuegos, que en algunos casos están vencidos”. Por otro lado solicitaron que se fijen audiencias periódicas de control –bimestrales- en las que el titular de la cartera de Seguridad provincial informe sobre los avances.

En su alegato, el Defensor de Circunscripción, Raúl Caferra expresó que lo que se debe responder en el marco de este habeas corpus es si “existe o no un agravamiento de las condiciones de detención en las comisarías de la I circunscripción”. Subrayó que las pruebas aportadas y “los testimonios fueron categóricos” para responder afirmativamente. “Existe sobrepoblación y tratos crueles e inhumanos”, dijo.

Consideró que se minimiza “esta cuestión que es violatoria de los Derechos Humanos” y que fue probada y acreditada , tanto por la Defensa Pública como por el mecanismo local del Comité de Prevención de la Tortura. “No se está pidiendo la libertad de nadie –sentenció- sino que se está poniendo de relieve una realidad que es evidente” y que “no puede durar un día más”. Agregó que las personas privadas de libertad en comisarías “también son víctimas, a las que el Estado está agrediendo”.

Por su parte la Defensora de Ejecución, Luciana Petraglia enfatizó que estás vulneraciones de derechos las puede corroborar cualquier operador judicial “no muy lejos de aquí, a pocas cuadras”. Y preguntó a los presentes: “¿Cuánta prueba más tendríamos que generar para que se vea que esto es degradante?”.

Y concluyó: “Si desde el Poder Judicial decimos que esto no es ilegal, desde la administración –Poder Ejecutivo- no se va a hacer nada”.

Maitini a su vez consideró que “lo que estamos haciendo es una obligación como funcionarios públicos pero fundamentalmente es una cuestión de humanidad”.

El juez dispuso un cuarto intermedio hasta las 15,15 horas cuando dará a conocer su decisión.