Actualizan monto de la pauta económica de la Defensa Pública 

Es el parámetro objetivo de acceso a la Defensa Pública Civil. Está vigente a partir del 21 de marzo de 2025.

Con el fin de favorecer el acceso al servicio de la Defensa Pública, la Defensora General, Vanina Merlo, dictó la Resolución N° 9/25, que determina una actualización en el monto de la pauta económica que se toma como parámetro objetivo de acceso a la Defensa Pública, en materia civil (patrimonial y no patrimonial). Hay otros parámetros (subjetivos) que se analizan en cada caso en particular. Esta pauta no aplica para la Defensa Pública Penal, ni para las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, que intervienen en todos los casos de vulneración de derechos. 

En la actualidad, el criterio que viene utilizando la Defensa Pública es la Canasta Básica Total (CBT), conformada por alimentos, indumentaria y servicios, y que determina el monto que un hogar (de cuatro personas) requiere para superar el umbral de la pobreza. En este sentido, la resolución expresa que "dicho estándar, si bien a la claras, resulta ser el más adecuado para el encuadre del grupo familiar conviviente dentro de la pauta económica, (...) es necesario abordar al usuario/o en su integridad, por eso es necesario diferenciar los casos en los que la persona no tiene un grupo familiar o conviviente a su cargo, y para ello fue necesario buscar un parámetro que comprenda esta complejidad: el salario mínimo vital y móvil y medio, de conformidad a los montos establecidos por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nacion

Teniendo en cuenta esta diferencia sustancial, Merlo estableció -desde el 21 de marzo y hasta una nueva actualización- que la pauta económica de acceso al servicio de la Defensa Pública Civil será de $1.057.923 para quienes tengan grupo familiar o conviviente a cargo, y para quienes no, de $445.248.

En este marco, el Servicio de Orientación Jurídica continúa cumpliendo un rol primario fundamental: merituar la correcta admisión y asistencia del caso particular, o bien la derivación oportuna y responsable, analizando la interseccionalidad de factores presentes en nuestra sociedad.