Salud mental: el Órgano de Revisión presentó su informe anual 2025
El documento sistematiza las acciones de monitoreo realizadas durante el último año y advierte sobre déficits en la atención en contextos de encierro, la necesidad de fortalecer equipos interdisciplinarios y la importancia de consolidar un abordaje comunitario con enfoque de derechos.
El Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia del Neuquén presentó su informe anual correspondiente al período marzo de 2025 a febrero de 2026, en el que se detallan las principales intervenciones desarrolladas en cumplimiento de sus funciones de control, monitoreo y promoción de derechos.
El informe da cuenta del trabajo realizado por la Secretaría Ejecutiva y el equipo interdisciplinario en distintos ámbitos, con especial énfasis en las condiciones de atención en salud mental y el resguardo de los derechos humanos de las personas usuarias.
Monitoreos en unidades de detención
Uno de los ejes centrales del documento refiere a los monitoreos efectuados en unidades de detención de la provincia, donde se relevaron las condiciones de acceso a la atención en salud mental de las personas privadas de la libertad.
A partir de estas intervenciones, se identificaron problemáticas estructurales vinculadas a la falta de equipos interdisciplinarios, la escasez de profesionales —particularmente en psiquiatría— y la inexistencia de dispositivos adecuados para garantizar tratamientos continuos.
“El relevamiento permitió advertir que no se encuentra garantizada una atención en salud mental responsable, efectiva y acorde a los estándares legales vigentes”, señala el informe.
Asimismo, se observaron deficiencias en los registros clínicos, ausencia de protocolos para la atención de urgencias y dificultades en la continuidad de los tratamientos al momento del egreso de las unidades.
En esa línea, el secretario ejecutivo del organismo, Mariano Sebastián Álvarez, sostuvo que “es necesario fortalecer de manera urgente los equipos de salud mental en contextos de encierro, incorporando una mirada interdisciplinaria que priorice a la persona usuaria y sus derechos”.
Internaciones y control de legalidad
En relación con los procesos de internación, el informe registra un total de 606 internaciones involuntarias durante el año 2025, de las cuales 156 corresponden a personas menores de edad.
En este marco, el Órgano de Revisión intervino en el control de legalidad de las internaciones, mediante evaluaciones interdisciplinarias, elaboración de informes y articulación con los juzgados y equipos tratantes.
“El control periódico de las internaciones constituye una herramienta fundamental para evitar restricciones indebidas a la libertad y garantizar el respeto de los derechos de las personas”, se indica en el documento.
Asimismo, se destaca la intervención en situaciones de gravedad institucional, en las que se promovieron acciones judiciales urgentes para garantizar el acceso a tratamientos, dispositivos habitacionales y otros derechos básicos.
Dispositivos habitacionales y abordaje comunitario
El informe también aborda el relevamiento de los dispositivos de inclusión habitacional, donde se verificaron avances en su implementación, aunque con dificultades persistentes en materia de infraestructura, financiamiento y estabilidad del recurso humano.
En este sentido, Álvarez señaló que “los dispositivos habitacionales son una pieza clave para avanzar en procesos de desinstitucionalización, pero requieren fortalecimiento sostenido para garantizar condiciones dignas de vida en la comunidad”.
Recomendaciones y desafíos
A partir de los monitoreos realizados, el Órgano de Revisión formuló recomendaciones dirigidas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad, orientadas a mejorar la calidad de la atención en salud mental.
Entre los principales ejes se destacan la necesidad de incorporar equipos interdisciplinarios, garantizar la continuidad de los tratamientos, desarrollar protocolos de intervención ante urgencias y fortalecer la articulación entre organismos.
“El desafío es consolidar un modelo de salud mental basado en la comunidad, con enfoque de derechos humanos y atención integral”, concluyó Álvarez.
