Reuniones de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental
Entre los días 4 y 6 de Julio del corriente, el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, Mariano Álvarez, junto a Natalia Otero y Raquel Altamirano del equipo interdisciplinario realizaron una serie de reuniones en la localidad de San Martin de los Andes, para abordar las situaciones usuarios de salud mental que se encuentran en internaciones hospitalarias involuntarias y prolongadas.
En primera instancia se participó de una audiencia intersectorial, convocada por la Jueza de familia de la IV Circunscripción judicial Andrea Di Prinzio, por la situación de un adolescente que se encuentra alojado en el hospital hace varios meses, por ausencia de dispositivos acordes a la situación del joven. De la misma, participaron profesionales de zona sanitaria IV; el director del hospital y el jefe de servicio de salud mental del hospital de San Martin de los Andes; defensores civiles y de los derechos de niños niñas y adolescentes; de desarrollo social municipal y desarrollo social provincial.
Como resultado de esa audiencia cada institución puso a disposición los recursos con los que cuenta para el armado del dispositivo, con inclusión comunitaria que aloje y garantice atención y cuidados en clave de los derechos que garantiza la Ley 26657. Sobre esta misma situación, se mantuvieron reuniones en la sede del hospital con el equipo tratante, se entrevistó al joven y por último se mantuvo una reunión con el equipo de la escuela especial N°3 quienes deben velar por el derecho a la educación en el mismo marco de derechos mencionado.
Se realizó también entrevista con el padre y la madre de otro joven, derivado en el año 2018 a extraña jurisdicción, que presenta al momento, internación en institución monovalente en la localidad de Buenos Aires y debe ser reintegrado al seno de su comunidad a los efectos de reparar los efectos de la segregación de la que aún es víctima. Sobre esta situación se conversó también en sede del juzgado de familia con su defensor y la magistrada mencionada anteriormente.
Luego se evaluaron dos internaciones prolongadas de adultos mayores que se encuentran en el hospital Ramón Carrillo, también por ausencia de dispositivos de inclusión social acordes a su condición de salud. Esta tarea implica entrevistas a cada usuario, sus familiares y equipo tratante. Se acordó que ninguna estrategia de externación podrá ser basada en derivaciones a instituciones por fuera de la comunidad donde estos usuarios tienen su centro de vida.
Por último, en la localidad de Junín de los Andes se abordó la situación de un adulto mayor que está internado por razones estrictamente sociales, conversando también con el usuario por un lado y el equipo tratante por otro.
