Convenio con el Comité para la Prevención de la Tortura
La Defensora General, Vanina Merlo, firmó un convenio marco de colaboración con el Presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Juan Manuel Irrazábal, para llevar adelante instancias de capacitación y trabajo conjunto.
La firma se dio en el marco de las Jornadas de capacitación para la implementación de los Protocolos de Minnesota y Estambul, organizado por el CNPT y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizan en la Universidad Nacional de Córdoba.
Merlo destacó que "estas jornadas nos permiten acercar experiencias, y profundizar sobre estos Protocolos de la mano de los expertos y redactores de dichos documentos". Sobre los ejes abordados durante la disertaciones subrayó que "se profundizó sobre la importancia de la investigación en los procesos, con la perspectiva de la no vulneración de los derechos humanos, tanto en muertes potencialmente ilícitas, como en casos de tortura o malos tratos".
El Protocolo de Estambul o Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumantes o Degradantes -cuya versión actualizada se publicó en 2022- se trata de un documento que cuenta con el reconocimiento internacional, y actúa como guía para determinar si una persona ha sido o no víctima de tortura. Allí se compilan estándares internacionales en materia ética, legal y médico-forense, para orientar la investigación y documentación de graves violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el Protocolo de Minnesota tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.
La versión original del Protocolo de Minnesota se elaboró mediante un proceso de expertos dirigido por el Minnesota Lawyers International Human Rights Committee, cuya motivación fue la toma de conciencia de algunos agentes de la sociedad civil de la inexistencia en esos momentos de una clara referencia internacional que sirviese de guía práctica para los encargados de llevar a cabo la investigación de muertes ocurridas en circunstancias sospechosas o como norma para evaluar ese tipo de
investigación.
