Acceso a la Defensa
Nueva pauta económica de la Defensa Pública
Con el fin de favorecer el acceso al servicio de la Defensa Pública, la Defensora General, Vanina Merlo, dictó la Resolución N° 52/23, que determina una actualización en el monto de la pauta económica que se toma como parámetro objetivo de acceso a la Defensa Pública, en materia civil (patrimonial y no patrimonial).
En la actualidad, el criterio que viene utilizando la Defensa Pública es la Canasta Básica Total (CBT), conformada por alimentos, indumentaria y servicios, y que determina el monto que un hogar requiere para superar el umbral de la pobreza. En este sentido, la resolución expresa que "dicho estándar, si bien a la claras, resulta ser el más adecuado para el encuadre del grupo familiar conviviente dentro de la pauta económica, lo cierto es que en la práctica tal monto se mantiene estable, por un periodo de tiempo demasiado prolongado -seis meses-, y supeditado al dictado de resolución de actualización posterior, que así lo disponga".
De este modo, Merlo expresó que es necesario abordar al usuario/o en su integridad, por eso es necesario diferenciar los casos en los que la persona tiene un grupo familiar o conviviente a su cargo, y para ello fue necesario buscar un parámetro que comprenda esta complejidad: el salario mínimo vital y móvil y medio, de conformidad a los montos establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Teniendo en cuenta esta diferencia sustancial, Merlo estableció -desde el 1 de agosto al 31 de octubre- que la pauta económica de acceso al servicio de la Defensa Pública Civil será de $319.422, para quienes tengan grupo familiar o conviviente a cargo, y para quienes no, de $219.000.
En este marco, el Servicio de Orientación Jurídica continúa cumpliendo un rol primario fundamental: merituar la correcta admisión y asistencia del caso particular, o bien la derivación oportuna y responsable, analizando la interseccionalidad de factores presentes en nuestra sociedad.