Cancela: "Las garantías son para todos"

En una entrevista con un medio local, el Defensor General, Ricardo Cancela, aseguró que "los defensores manejamos nuestras causas con profunda responsabilidad y apegados a lo estrictamente profesional: si no estamos de acuerdo con una resolución judicial la impugnamos, ya que tenemos todo el derecho para hacerlo, la ley nos da esa herramienta".

Cancela subrayó que "un defensor no debe ejercer su rol sólo formalmente, debe hacerlo con compromiso, con responsabilidad, con conciencia, y pensando y actuando en función de los intereses de su defendido".

En cuanto al Código Procesal Penal (CPP), que recientemente cumplió un año desde su puesta en funcionamiento, el Defensor General advirtió: "no falla absolutamente en nada, es consecuencia de un sistema acusatorio, que se basa en tres partes: defensor, fiscal y juez; son las partes las que impulsan el proceso, las que determinan qué se discute, las que delimitan el objeto procesal, y las que realizan la actividad procesal", y agregó que "el juez no puede, ni debe hacer ninguna actuación de oficio porque en ese caso dejaría de ser imparcial".

Por otro lado, se refirió a la prisión preventiva y a sus plazos: " Si un ciudadano que atraviesa un proceso penal, sabe que tiene un plazo para cumplir su privación de libertad, le va a exigir al profesional que lo representa que peticione en tal sentido, de lo contrario estaría faltando a sus obligaciones".

"El plazo máximo -de la prisión preventiva-, no sólo lo establece el artículo 119 del CPP: la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos prohíbe excedernos en su aplicación, que no es cumplimiento de condena", aseguró y recomendó " tener una mirada constitucional del tema, para evitar facilismos, discursos políticos y populistas".

"Nuestro CPP establece una serie de medidas coercitivas, y por último la prisión preventiva, la que corresponderá sólo si se demuestra que las otras medidas son insuficiente para garantizar los fines del proceso", dijo.

Y enfatizó: "Con el actual sistema -acusatorio- se dictan más prisiones preventivas que con el sistema anterior".

"Con mucho facilismo -continuó- se pretende hacerle creer a la sociedad que generando una inflación en la legislación penal, aumentando penas, y ahora, reformando el CPP, se va solucionar el tema de la delincuencia, y ese facilismo surge del hecho de que no hay políticas de investigación adecuadas, porque no se sabe bien qué se investiga: perdemos tiempo y recursos en temas menores".

En definitiva, el CPP "ataca las consecuencias del problema, no las causas de la inseguridad o la delincuencia", sostuvo Cancela. Y añadió que "es necesario crear un ambiente propicio donde todos los ciudadanos puedan tener sus propias oportunidades, en igualdad de condiciones".

El Defensor General también aludió a que "nuestra sociedad lamentablemente tiene mucha gente con necesidades mínimas insatisfechas; tenemos muchos jóvenes adictos al alcohol y las drogas, tenemos niños que salen a las calles a robar, aprovechados por los mayores, y tenemos gente que no tiene vivienda, entre otras cosas. Si no creamos políticas públicas a los efectos de prever estos resultados, vamos a pretender atacar esta realidad con políticas represivas, y esto no es lo que caracteriza a un estado de derecho".

Por último señaló que "a veces se dice que hay jueces ´garantistas´, como si fuera un demerito: es una suerte que haya jueces garantistas, que estemos en un estado de derecho, que respetemos la Constitución, porque estas garantías son para todos".