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Defensoría General

Cancela: "Los jueces deben hacer un control de convencionalidad"

Hoy se realizó un nueva audiencia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia -integrada por Graciela Martínez y Evaldo Moya-, donde se debatió en torno a la aplicación del plazo máximo de prisión preventiva establecido por el artículo 119 del Código Procesal Penal. 

Allí el Defensor General, Ricardo Cancela, reiteró los argumentos esgrimidos en la audiencia del pasado martes y agregó que "lo importante es que los jueces hagan un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad: cotejar las legislaciones internas con las Convenciones y Tratados de los que nuestro país es signatario".

Sostuvo que "Me encantaría que el TSJ tratara este tema -del plazo máximo de la prisión preventiva-, para darle un cierre, pero no se dan los supuestos para declarar la admisibilidad del recurso: la fiscalía debería velar por el cumplimiento de la legalidad del proceso -porque es una de sus funciones-, y porque los requisitos formales para el tratamiento del recurso se cumplan.

 A su turno, el Defensor de Circunscripción, Daniel García Caneva, respondió el cuestionamiento de la fiscalía en cuanto a la actividad recursiva de la Defensa Pública: "el único recurso con efecto suspensivo que interpuso la Defensa Pública, fue el pedido de recusación del juez técnico que iba a participar de la audiencia de cesura: el pedido fue realizado al otro día que se nos notificó, y se tardó mas de veinte días en fijarse la audiencia, que se llevó a cabo el 29 de octubre. A partir de entonces, podría haberse fijado la audiencia de cesura, y no se hizo".

Por último el Defensor indicó que "no nos enfrentamos una discusión jurídica, sino a la negación de lo que dice la ley, como garantía de los Tratados intenacionales en la legislación procesal". Y agregó: "si creemos que la ley es inconstitucional debe hacerse un planteo en tal sentido, pero en este caso no ha sido así".

En la audiencia estuvo además el abogado Juan Coto, defensor de uno de los imputados, el Fiscal General José Gerez y el Fiscal Maximiliano Breide Obeid. 

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