Rechazan reforma de la ley de ejecución penal

El Consejo Federal de Defensores Públicos de la República Argentina fijó su posición contraria a la reforma de la ley de Ejecución Penal, que se debatirá en el Senado de la Nación.

Desde la perspectiva de sus integrantes Defensores Generales y Asesores tutelares de las Provincias de  La Pampa, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Riola, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensoria General de la Nación fundada en la protección y fomento de los DDHH de todas las personas, consideramos que recortar o anular derechos adquiridos, tales como el acceso a la libertad condicional, las libertades asistidas y salidas transitorias es contrario al régimen de progresividad del sistema penitenciario y viola la propia naturaleza de la Ley 24660.

Esta ley, que tiene puntos a discutir y seguramente a reformar, resulta de las más avanzadas en materia de socialización e inclusión de las personas privadas de libertad a una vida post sistema carcelario. Aún con todas las deficiencias y decisiones políticas que atentan contra la seguridad de los y las usuarias del sistema, el tratamiento de progresividad garantiza derechos como la educación, el trabajo y la salud. 

A su vez, consideramos que una reforma en los términos planteados, sin la participación de las organizaciones sociales y organismos del Estado que trabajan con hombres y mujeres privadas de libertad, de los propios usuarios que atravesaron el sistema y de quienes integran los equipos técnicos de educación y salidas laborales de los centros de detención es, cuanto menos, arbitraria.

En ese sentido, sostenemos que las reformas que impactan sobre las personas más violentadas por el sistema político-penitenciario deben basarse en los criterios establecidos en las Reglas de Mandela y Tratados Internacionales y no en meros intereses electorales que apologizan el odio entre los seres humanos que ostentan condiciones sociales diferentes.

(*) Foto de archivo Defensoría General de la Nación