Protocolo sobre Maltrato y Abuso Infantil
“Una herramienta de protección de derechos”
La Licenciada en Servicio Social, Graciela Parada, de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente N° 1, formó parte de proceso a partir del cual se llegó, en 2007, a la aprobación del Protocolo sobre Maltrato Infantil por parte del Consejo Provincial de Educación.
“El protocolo surge a partir de un trabajo intersectorial articulado entre instituciones de la comunidad de Centenario que componen la Red en defensa de los derechos de los chicos”, explicó Graciela Parada. “Ante las diferentes situaciones que se dan de maltrato físico, emocional y abuso sexual, -continuó- y justamente a partir del trabajo articulado, vimos la necesidad de que los docentes pudieran detectar e identificar las situaciones de maltrato y abuso, pero que a su vez tuvieran un marco legal para poder informar o denunciar a la Defensoría o a las instituciones de su comunidad”.
La Red –de Centenario- tiene 13 años de existencia y está integrada por diferentes instituciones como la Escuela Especial N° 10, escuelas primarias y secundarias, Centros de Formación Profesional, el área Psicosocial del Hospital de Centenario, el Servicio de Violencia Familiar Municipal Ayuntún, bibliotecas públicas (esfuerzo juvenil), la Defensoría del Vecino y el gremio de docentes Aten.
Parada indicó que “como nosotros trabajábamos en forma coordinada, se generaban las demandas y a veces la intervención era tardía, entonces planteamos preguntarles a los docentes de nuestro comunidad diversas cuestiones: cómo veían ellos la problemática vinculada a las situaciones de maltrato, qué es lo que necesitan, si se encontraban capacitados, si conocían cuáles eran los indicadores”, y añadió: “entonces hicimos un relevamiento, con reuniones semanales, escuela por escuela, e invitamos a docentes o directivos que estuvieran sensibilizados con el tema,y motivados en poder hacer una intervención más efectiva”.
Luego de ello, sabiendo cuál era la demanda de los docentes, se tomó contacto con las autoridades del Consejo Provincial de Educación, como institución que debía dar el aval para que los docentes pudieran actuar sobre la problemática específica.
“Hicimos el contacto con el Equipo interdisciplinario de Educación –señaló Parada-, y a partir de allí surgió la necesidad de elaborar un protocolo de intervención desde el ámbito educativo”, que finalmente se aprobó como Resolución 144 del CPE, en 2007.
Para el trabajo de redacción, se convocó a algunas de las instituciones de referencia, que trabajan cotidianamente con este tema: el equipo 102, el servicio de violencia familiar, la salita de salud del barrio Progreso, la Subsecretaría de Salud, la Red de Centenario y la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente (como miembro de la Red y como órgano del Poder Judicial de Neuquén).
La Licenciada en Servicio Social Graciela Parada destacó que “no queríamos que el Protocolo sea sólo una herramienta legal, sino que los docentes lo pudieran utilizar de forma efectiva como una instrumento de protección de derechos, entonces se planteó la necesidad de programar el trabajo en capacitación. Se establecieron cuatro módulos: el marco teórico para identificar las situaciones de maltrato y abuso sexual, el marco conceptual, el abordaje desde el ámbito educativo, y "de la derivación al trabajo en red”.
Para la capacitación se dividió la ciudad de Neuquén en varias zonas de intervención y se comenzó por la zona oeste. Se realizaron capacitaciones en cerca de 90 escuelas, comenzado por los supervisores, luego directivos y docentes.
Por último, Parada subrayó que “fue y es un trabajo muy fructífero, porque nosotros queríamos que se apropiaran de este protocolo, que entendieran que ellos como funcionarios públicos tienen la obligación de informar y/o denunciar. La intervención del docente llega hasta ahí: detectar, escuchar y creer lo que el niño, niña o adolescente dice, y luego informar a las instituciones que corresponda”.
