A partir de un amparo de la Defensa Pública en todos los concursos se respetará el cupo para personas discapacitadas
Un amparo contra la Provincia de una mujer con una discapacidad visual, y que fue patrocinada por la Defensoría Adjunta de gestión Patrimonial, concluyó con un acuerdo de alcance general: El Ejecutivo se comprometió a emitir un decreto para que en todos los concursos se respete el cupo mínimo del cuatro por ciento para personas discapacitadas.
La funcionaria a cargo de la Defensoría Adjunta de Gestión, Virginia Fernández, presentó una acción de amparo en representación de G.A.D. en el que se pidió que se ordene a la Provincia del Neuquén "cumplir en los llamados a concursos externos con el cupo laboral del 4 por ciento destinado a personas con discapacidad".
La acción se funda en el artículo 27 inc. g) de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el 8 de la Ley provincial N° 1634 que establece que "el Estado Provincial, a través de sus organismos centralizados, descentralizados o autárquicos y las empresas del Estado provincial, está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) anual del ingreso, con las modalidades que fije la reglamentación".
G.A.D. es una mujer que padece una disminución visual de carácter congénito en ambos ojos. No obstante ello, esta discapacidad no le impidió cursar estudios de perito mercantil con especialidad auxiliar en administración y desempeñarse en empleos en el ámbito privado de manera informal. "Esta dedicación, sumado a mis capacidades intelectuales y personales, me habilitan ampliamente para ejercer un empleo administrativo en cualquier organismo del Estado provincial", señaló en el amparo.
En septiembre de 2016 y luego de ser dada de baja de una pensión que cobraba por parte de Nación, G.A.D. presentó su curriculum vitae ante la Subsecretaria de Discapacidad de la Provincia del Neuquén, junto a una nota en la que exponía su situación apremiante ante la imposibilidad de dar sustento a su grupo familiar.
Ante la falta de respuesta, el 20 de enero de 2017 presentó una nueva nota solicitando el ingreso laboral, pero tampoco tuvo respuestas. Luego de ello por acción de los funcionarios de la Subsecretaría de Discapacidad y el Ministerio de Ciudadanía se le asignó un subsidió hasta el mes de julio de este año.
Hasta ahí "ninguna respuesta formal he tenido a mi expresa solicitud del organismo de aplicación específico y dispuesto por la ley 1634, obligando a esta parte a continuar recorriendo distintos organismos en procura de ayuda temporal, más no logra una solución definitiva que dé cumplimiento a la ley y a la Convención, en tanto es una persona con capacidades intelectuales intactas y se encuentra plenamente habilitada para ejercer un trabajo de administración, el que nunca pude conseguir en la actividad privada con motivo en mi discapacidad", indicó.
Por ello presentó la acción de amparo para que se "haga cesar la omisión de cumplimiento de la inserción laboral".
Audiencia de conciliación
El lunes 8 de septiembre se llevó a cabo un audiencia en el Juzgado Civil N° 3 en la que se llegó a una acuerdo de partes: la parte demandada, la Provincia, se comprometió a emitir un decreto que ordene que en todos los llamados a Concurso, en todos los organismos de Estado Provincial, se haga referencia a la Ley 1634.Esto fue informado a través de una nota firmada por el Ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz, que fue presentada en la audiencia.
