Exigen vivienda digna para menores en situación de vulnerabilidad
El MPD promovió un amparo en resguardo de los derechos de cuatro niños menores de edad. El defensor General, Ricardo Cancela, presentó un escrito de ampliación de argumentos.
El año pasado, el Ministerio Público de la Defensa, a través de la entonces Defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente de la III Circunscripción, Gabriela Calaccio, presentó un recurso de amparo en el que solicita que se brinde una vivienda digna a un grupo familiar de Zapala, integrado por una mujer y sus tres hijos –dos varones y una niña- y su nieto.
El amparo fue resuelto por el Juzgado de Familia y Juicios Ejecutivos de Zapala el 10 de octubre de 2013: hace lugar y emite una resolución favorable al planteo del MPD.
Ante una apelación de la Provincia del Neuquén, el 26 de febrero de 2014, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y Familia -Sala II- desestima el recurso y ratifica el fallo de primera instancia.
Luego de ello, la Provincia interpone un recurso de casación y la causa llega a tratamiento del Tribunal Superior de Justicia.
La ampliación de argumentos de Cancela
En el escrito, el Defensor General, Ricardo Cancela, detalla que “…tanto los niños como su madre viven en condiciones total y absolutamente precarias, (…) uno de ellos –de 8 años- presenta una patología de base denominada Síndrome de West, por la que se encuentra medicado, no obstante lo cual sufre de manera diaria convulsiones; otro de ellos –de tres meses- nació con una cardiopatía congénita, la que requirió de una compleja intervención quirúrgica; en tanto que el restante presenta un cuadro de bajo peso, requiriendo la realización de varios estudios médicos…”.
El Defensor General enumera los derechos fundamentales afectados: a la salud, la vivienda, a la alimentación, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, y en definitiva a la no afectación del proyecto de vida razonablemente posible de estos niños.
En este sentido, Cancela agrega que “del cuadro descripto surge la imperiosa necesidad de los menores de contar con una vivienda que les garantice condiciones óptimas de vida, en virtud de las graves patologías que presentan, las que corren riesgo de agravarse”.
En la actualidad esta familia ocupa una vivienda, cuyo alquiler es solventado por la Municipalidad de Zapala, la cual “carece de los mínimos recaudos de habitabilidad: consta de dos habitaciones de pequeñas dimensiones, sin comunicación interior, sin agua corriente, un artefacto de cocina y horno que es utilizado como único medio para calefaccionarse. La falta de agua corriente los obliga a higienizarse en una canilla ubicada en el exterior y a la intemperie, y el baño es una letrina ubicada a varios metros de la edificación”.
En el escrito ampliatorio, Cancela alude a los Pactos internacionales de los que nuestro país es signatario, entre los que se destacan: la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención de Viena (Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos), la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín 1995), las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad, y la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. Además de mencionar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de resguardo del interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes. Y agrega que cuando los Tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, hay que reconocerles fuerza normativa, esto implica que no es posible alegar el derecho interno –o falta de reglamentación alguna- como causa para el incumplimiento de las obligaciones internacionales.
Por último, el Defensor General señala que “la política pública que es dable exigir al poder administrador es aquella que permita cubrir la brecha entre exclusión social e inclusión política, procurando la construcción progresiva de ciudadanía, y a la vez ocupando el rol integrador que necesariamente debe cumplir en un contexto de sociedad fragmentada; y desde donde debemos concebir a la ciudadanía como el derecho a tener derechos”.
